Versión Política

Resumen Ejecutivo para Tomadores de Decisión

Venezuela · 2025–2035

La situación: potencial excepcional, brechas estructurales profundas

Venezuela dispone de condiciones naturales para ser una potencia agroalimentaria regional. Treinta millones de hectáreas con vocación productiva, diez pisos agroecológicos, recursos hídricos abundantes, biodiversidad sin parangón en el continente y una tradición productiva demostrada en ganadería, cereales, cacao, café, horticultura y pesca. Ese potencial es real, verificable y no está en discusión.

Lo que sí exige respuesta urgente es la brecha entre ese potencial y el desempeño actual. Entre 2010 y 2026, el Sistema Agroalimentario Venezolano atravesó la contracción más severa de su historia moderna. La producción nacional de cereales básicos cayó de 2,06 millones de toneladas en 2010 a menos de 600 mil en 2019. El consumo per cápita de cereales descendió 41% entre 2014 y 2020. La prevalencia de subalimentación superó el 23% de la población en 2018–2020, equivalente a más de 7 millones de personas. Las importaciones agroalimentarias llegaron a representar cerca del 60% del suministro alimentario total del país.

La recuperación de los últimos años es real pero insuficiente. Las brechas que provocaron el colapso siguen activas, y sin una respuesta sistemática, el riesgo de una nueva regresión permanece latente.

El diagnóstico: dieciséis brechas que bloquean el sistema

El PAN identifica dieciséis brechas estructurales que explican por qué el sistema no rinde a la altura de su potencial. No son problemas aislados: se refuerzan mutuamente y no responden a intervenciones parciales.

Brecha
1Marco normativo agroalimentario frágil, disperso e internamente contradictorio
2Fragmentación institucional con duplicidades, vacíos de coordinación y pérdida de coherencia estratégica
3Ausencia de un sistema de información agrícola confiable, actualizado y accesible
4Inseguridad jurídica sobre la tierra que inhibe la inversión de largo plazo
5Ordenamiento territorial rural deficiente con conflictos de uso del suelo
6Deterioro acumulado de la infraestructura de riego, vialidad rural, almacenamiento y cadena de frío
7Precariedad del suministro eléctrico en zonas de producción e industrialización
8Degradación de suelos, cuencas hidrográficas y paisajes productivos por uso no planificado
9Colapso del financiamiento productivo de mediano y largo plazo para la inversión agropecuaria
10Inexistencia práctica de un sistema de seguros agrícolas y gestión de riesgos
11Rezago tecnológico y debilidad del sistema nacional de extensión y asistencia técnica
12Debilidad del sistema de sanidad animal, vegetal e inocuidad de alimentos
13Desarticulación entre los eslabones de las cadenas agroalimentarias con altas pérdidas poscosecha
14Alta vulnerabilidad climática sin estrategias de adaptación ni sistemas de alerta temprana
15Pérdidas poscosecha elevadas que reducen la disponibilidad efectiva de alimentos
16Acceso alimentario restringido por ingresos insuficientes en amplios segmentos de la población

La propuesta: seis ejes, quince programas, tres fases

El PAN propone una transformación sistémica articulada en seis ejes estratégicos:

  • Eje 1 — Recuperación productiva sostenible: Rehabilitar la base productiva vegetal, animal, pesquera y forestal mediante tecnología, insumos y organización.
  • Eje 2 — Competitividad y articulación de cadenas: Modernizar las cadenas agroalimentarias para reducir pérdidas, agregar valor y mejorar el abastecimiento.
  • Eje 3 — Seguridad alimentaria y nutrición: Garantizar disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad de los alimentos para toda la población.
  • Eje 4 — Sostenibilidad ambiental y territorial: Ordenar el uso del territorio rural, proteger los recursos naturales y adaptar el sistema al cambio climático, en coherencia con la Agenda 2030.
  • Eje 5 — Innovación, sanidad y capacidades: Impulsar la investigación aplicada, la extensión técnica y el desarrollo del capital humano rural.
  • Eje 6 — Gobernanza, financiamiento e institucionalidad: Reconstruir el andamiaje institucional, el financiamiento especializado y la coordinación intersectorial del sistema.

Estos ejes se operacionalizan a través de quince programas-país y se despliegan en tres fases:

FaseHorizontePropósitoContenido
Fase I2025–2028Condiciones habilitantesArmonizar el marco rector, restablecer la seguridad jurídica, rehabilitar infraestructura crítica, reactivar el crédito productivo y poner en marcha la gobernanza del PAN.
Fase II2029–2035Escalamiento productivoExpansión del riego y la vialidad, masificación de la innovación, articulación de cadenas, regularización de tierras y consolidación del sistema financiero especializado.
Fase III2036–2045Transformación estructuralOrdenamiento territorial integral, sistemas agro-ganadero-forestales, adaptación climática consolidada, mercados de carbono forestal y gobernanza agroalimentaria moderna.

El rol del Estado: habilitador, no administrador

El PAN parte de una premisa que define toda su arquitectura: el Estado no administra la producción, la habilita. La transformación productiva es responsabilidad de los actores del sector. La función pública es proveer lo que el mercado no puede proveer por sí solo: el marco legal coherente, los bienes públicos esenciales, la seguridad jurídica, la información confiable y los mecanismos de coordinación intersectorial.

Esta visión postula un Estado subsidiario orientado a la iniciativa privada, y es coherente con los estándares de la FAO y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 — en particular los ODS 1, 2, 5, 8, 13, 14 y 15 — no como requisito declarativo sino como filosofía operativa intrínseca al plan.

Conclusiones y recomendaciones

El momento es decisivo. Las decisiones de política agrícola que se adopten en los próximos tres años tendrán consecuencias durante décadas. Actuar ahora sobre las condiciones habilitantes tiene un retorno multiplicador; postergar esas decisiones eleva el costo de la recuperación y prolonga la dependencia alimentaria.

1ª. Adoptar el PAN como marco de política compartida.

El plan no requiere unanimidad ideológica para funcionar: requiere acuerdo sobre el diagnóstico, las prioridades y las reglas de coordinación. Ese acuerdo debe formalizarse en un instrumento de política que trascienda los ciclos electorales y comprometa a los actores públicos y privados en un horizonte de largo plazo.

2ª. Priorizar la Fase I sin dilación.

Las condiciones habilitantes — seguridad jurídica sobre la tierra, armonización del marco rector, rehabilitación de infraestructura crítica, reactivación del crédito productivo — son prerrequisitos para todo lo demás. Sin ellas, la inversión privada no fluye, la extensión no llega y los productores no pueden asumir los riesgos que implica modernizar sus sistemas productivos.

3ª. Constituir el Consejo Nacional Agroalimentario y la UMEPAN.

La gobernanza no es un tema administrativo secundario: es la condición que determina si el plan se ejecuta con coherencia o se fragmenta en intervenciones desconectadas. Ambas instancias deben estar operativas desde el inicio de la Fase I.

4ª. Activar la arquitectura financiera por etapas.

El financiamiento del PAN no depende de un solo instrumento. Requiere articular el presupuesto público, la banca de desarrollo, el crédito comercial especializado, la inversión privada nacional, la cooperación internacional y los fondos climáticos. El primer paso es restablecer la seguridad jurídica; los demás componentes se activan en secuencia con la maduración de las fases.

5ª. Integrar la dimensión ambiental y agro-silvo-pastoril desde el inicio.

Los sistemas integrados agro-ganadero-forestales, la restauración de cuencas y la agroforestería son instrumentos operativos de la Fase I: reducen costos de producción, mejoran la resiliencia climática y abren el acceso a financiamiento internacional desde el primer año de implementación.

6ª. Comunicar el plan con transparencia y continuidad.

La confianza de los actores privados, los organismos internacionales y la ciudadanía en el PAN depende de que sus avances, indicadores y ajustes sean comunicados de manera periódica, honesta y accesible. El sistema de M&E del plan debe producir informes públicos anuales.

El Plan Agroalimentario Nacional es la primera propuesta integral, sistemática y verificable para la transformación del sistema agroalimentario venezolano en generaciones. Venezuela tiene el territorio, el capital humano, la tradición productiva y, ahora, el plan. Lo que viene a continuación es la decisión política de ponerlo en marcha.

Plan Agroalimentario Nacional · Venezuela · Junio 2026

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